La región extremeña aspira a liderar la transición hacia las energías renovables en España. Ese es el mensaje que ayer lanzó la consejera de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Olga García, en el foro organizado por HOY con el patrocinio y la colaboración del Banco Santander en el hotel Don Manuel de Cáceres. Bajo el título ‘Energías renovables, una oportunidad para Extremadura’, la cita, que estuvo guiada por el jefe de Información de este periódico, Pablo Calvo, reunió a más de cien personalidades del mundo empresarial y financiero principalmente.
En el acto también intervinieron Justiniano Cortés, director territorial en Extremadura del Banco Santander; Fernando Campón, representante del bufete Campón & Martínez Pereda, y Daniel Machuca, responsable de Energía y Recursos Naturales de P&A Finance Iberia del Banco Santander.
Todos dejaron claro que en esta tierra hay oportunidades de negocio y que gran parte de ellas pasan por aprovechar la naturaleza para generar energía. Es lo que ya se conoce como la transición energética. «En ese camino la Junta ya ha tomado la iniciativa», dijo García. «Tenemos que situarnos por delante de otros competidores», añadió justo antes de asegurar que su equipo de Gobierno tiene experiencia en este asunto. «Entre 2007 y 2011 se invirtieron más de 6.000 millones de euros en renovables en nuestra región. Fue hasta que en 2012 llegó la moratoria de Rajoy que provocó el comienzo de unos años de vacío y desaparición de empresas del sector». La consejera de Economía apostilló que «hoy, afortunadamente, eso ya ha pasado».
Con ese optimismo, destacó que el «futuro de la región está lleno de oportunidades para la energía fotovoltaica, eólica, termosolar y la biomasa». Aseveró que esta comunidad autónoma tiene actualmente 50 proyectos de fotovoltaicas en tramitación que suponen un total de 3.120 megavatios, a los que se suman otros 500 que ya cuentan con los derechos de acceso a la red.
Además, el Ejecutivo regional prevé que 21 de esas iniciativas, con una potencia aproximada de 1.800 megavatios y una inversión de 1.200 millones de euros, inicien su construcción entre este año y 2019.
La consejera también aludió a los 23 proyectos, con una potencia de 800 megavatios, que se conocieron con la subasta de renovables del pasado mes de abril. De ellos, decidieron iniciar la tramitación de 18, que son los que han obtenido la autorización administrativa de construcción. Sin embargo, sólo 16 han optado por seguir hacia adelante y comunicárselo al Ministerio. Juntos suman 635 megavatios con una inversión de 500 millones de euros.
Por otro lado, el interés por invertir en la región extremeña ha hecho que los puntos de evacuación estén saturados. Por eso la Junta solicitó al Ministerio aumentar la capacidad de la red de transporte de energía eléctrica, lo que permitirá la llegada de más proyectos fotovoltaicos. «Tras dos años de trabajo intenso hemos visto publicado y convalidado el Real Decreto Ley 15/ 2018. Entre otros aspectos, eso significa que contamos con 3.000 megavatios adicionales que ya están siendo solicitados por diferentes empresas», explicó García. Destacó que eso se puede traducir en plantas en construcción entre los años 2020 y 2023.
Previsiones positivas
Con estos datos encima de la mesa, la Consejería de Economía hizo ayer unas estimaciones para los próximos años. A corto y medio plazo podrían generarse en Extremadura 6.700 megavatios, que suponen una inversión de hasta 5.000 millones de euros. Pero García fue más allá y se atrevió a hacer previsiones para el año 2030. «No es descabellado pensar que dentro de una década alcancemos 10.000 megavatios de renovables adicionales».
Esa estimación sitúa a la comunidad autónoma de Extremadura como una de las principales generadoras de energías renovables en España. Con ello, esta región contribuiría un 20 por ciento al objetivo nacional, que rondará los 50.000 megavatios, como mínimo, en 2030. Según el Gobierno central podrían llegar hasta los 65.000.
Así lo ha adelantado el Ministerio de Transición Ecológica, que está trabajando en el plan integrado de energía y clima. El primer borrador lo presentará a Bruselas antes de que finalice este año y contempla nuevos proyectos de renovables con una inversión de 15.000 millones de euros en una década. Junto a esa previsión destaca la relacionada con la revolución del vehículo eléctrico. Se estima que habrá 4,5 millones de unidades en el año 2030. También se prevé la rehabilitación energética de 100.000 viviendas al año.
«Las expectativas son muy buenas», reconoció en varias ocasiones la titular de Economía e Infraestructuras, que señaló que el escenario que supone la transición energética representa una oportunidad «importantísima» para Extremadura. Aclaró que no es solo por «nuestra elevada capacidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático, sino también por la actividad económica y de empleo, unido al desarrollo industrial y la I+D+i de la región».
Aunque las fotovoltaicas son las que más potencial tienen, la eólica también empieza a coger fuerza. En unas semanas empezará a funcionar el parque del Merengue, en Plasencia. Será el primero en la región y hay opciones de que se abran otros, aunque no será a corto plazo. En la Administración extremeña están registrados 14 proyectos de parques eólicos que suman 367 megavatios.
Sobre las buenas previsiones también hablaron los demás ponentes en el foro. Justiniano Cortés dijo que «quieren ayudar a la sociedad extremeña a progresar con la creación de empresas que fomenten las energías renovables». Daniel Machuca incidió en las numerosas posibilidades de financiación para este tipo de negocios y Fernando Campón matizó en su intervención aspectos relacionados con el espacio en el que se ubican este tipo de plantaciones. «Las energías renovables tienen que empezarse a ver con la naturalidad de una producción tan habitual en el medio rural como la producción ganadera o forestal».
En la agilización de los trámites también coinciden. Mejorarlo es el reto por el que unirán fuerzas. «Se ha aprobado una unidad para que los plazos no superen los cuatro meses desde la fecha en la que se presenta la solicitud hasta que se logra la autorización administrativa de construcción con declaración ambiental incluida», resaltó la consejera. Concluyó que siguen trabajando en mejorarlo para alcanzar un sistema basado en renovables con seguridad de suministro, con precios que permitan competir a la industria española y con mecanismos de lucha contra la pobreza energética.
